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domingo 17 de diciembre de 2017
Opinión

¿El mito del Estado Laico?

Autor: www.ucrcapital.org.ar

21 jun 2016 - Juan Francisco Nosiglia.

El Estado Argentino es, por definición, un estado laico. La Constitución Nacional no reconoce como oficial a ningún dogma religioso y además formula en más de un artículo el derecho de todos los habitantes de la Nación a expresar libremente su culto. Las diferentes interpretaciones que giraron alrededor del artículo 2 de la carta magna han desembocado más de las veces en equivocaciones sobre el sostenimiento del culto católico apostólico romano por parte del Estado nacional. Que el gobierno federal sostenga el culto católico apostólico no significa que exista un Estado de carácter confesional ni que el catolicismo sea el culto oficial del estado. La Constitución Nacional hace referencia a un tipo de sostenimiento de carácter económico. Para decirlo de otro modo: el Estado argentino no sólo no reconoce al catolicismo como religión oficial sino que además, y como contrapartida, tiene la obligación de trabajar por la libertad de culto de sus habitantes sin perder de vista la igualdad religiosa.

Algunos antecedentes históricos sirvieron a modo de avance en lo que hace a la relación entre el Estado y la iglesia. La reforma constitucional de 1994 significó una ventaja para el fortalecimiento del Estado laico ya que eliminó aquellas disposiciones referidas a la evangelización de los pueblos originarios y la obligación de profesar el catolicismo para quienes pretendan acceder a la presidencia de la nación. En la misma dirección, leyes como la del divorcio vincular, la patria potestad compartida y el matrimonio igualitario simbolizaron un retroceso en lo que a la influencia religiosa respecta a la hora de legislar en materia política. No obstante a esto, Argentina aun necesita sortear algunos obstáculos para completar la separación entre la iglesia y el Estado y convertirse en una república genuinamente laica.

¿Qué significa ser una república genuinamente laica?

La laicidad significa algo más que la abstención del Estado a sostener un credo oficial o la no imposición de un culto por parte del mismo. Significa que - y además de sustentar todos y cada uno de aquellos principios-, el estado no privilegie a ninguno de los 2.500 cultos que existen en Argentina. El culto católico, en 2016, sigue percibiendo beneficios y privilegios tanto de orden simbólico como económico. Con respecto a esto último, sería deseable preguntarse sobre la vigencia de decretos-ley que obligan al Estado a desembolsar retribuciones tanto a obispos como arzobispos, ya sea que estén en funciones o se encuentren retirados. Los aportes directos del Estado Nacional a la Iglesia Católica comprenden asignaciones a obispos, obispos eméritos, parroquias de frontera, seminaristas mayores y jubilaciones para sacerdotes. También están contenidas otras asignaciones destinadas a la conferencia episcopal argentina y tribunales eclesiásticos. Estas asignaciones equivalen, en algunos casos, al 80% de la remuneración de un Juez de primera instancia. Cabe mencionar, además, que dichas asignaciones no son percibidas por autoridades de otras religiones; la religión católica, en cambio, es la excepción a la regla.

En sentido similar, la iglesia católica posee un status legal que le otorga beneficios parecidos a los de una institución estatal ya que sigue gozando de la personería jurídica pública. También, aunque de manera menos urgente, deberíamos preguntarnos sobre la ilegalidad que constituye la existencia de símbolos religiosos en espacios o edificios públicos, se trate de una escuela, de un registro civil o de un hospital.

Y de manera mucho más urgente, deberíamos interrogar sobre la laicidad en la educación pública, siendo que a lo largo de todo el territorio nacional la normativa educativa es vaga y ambigua, dando como resultado que algunas constituciones provinciales contemplen la enseñanza religiosa.

El desafío que tenemos por delante es el de discutir ciertas cláusulas y prácticas vigentes que impiden la completa separación entre el Estado y la iglesia. La laicidad no sugiere otra cosa que la obligación del estado de respetar y hacer respetar la libertad de culto, pero también la obligación de garantizar la igualdad de culto, impidiendo la existencia de privilegios y legitimando una sociedad de iguales.

En su última columna en La Nación, Loris Zanatta reavivó el debate sobre el mito de la nación católica poniendo nuevamente en el centro de discusión la superioridad moral de la iglesia, la autonomía política y el principio de laicidad, e insistiendo, al mismo tiempo, en la persistencia de dicho mito en gran parte de la clase dirigente. Quizá esto último represente el dato que más importa a la hora de completar de una vez y para siempre la separación entre el estado y la iglesia y de avanzar hacia una laicidad genuina, puesto que ambas dependen exclusivamente de una voluntad política dispuesta a concretar la fe cívica, que no expresa otra cosa que una profunda creencia en la igualdad ante la ley de ciudadanos que son libres e iguales.

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